El 23 de septiembre de 2010 comenzó el curso académico en Irán mientras muchos estudiantes se pudren tras las rejas. Amnistía Internacional pide a las autoridades iraníes que pongan inmediatamente en libertad incondicional a todos los estudiantes presos de conciencia que están encarcelados por su activismo político o de derechos humanos. Otros han sido sometidos a medidas arbitrarias y se les ha prohibido continuar sus estudios universitarios.
En particular la organización pide a las autoridades que pongan inmediatamente en libertad incondicional al dirigente estudiantil Majid Tavakkoli y a miembros del Comité Central de la organización de estudiantes Oficina por la Consolidación de la Unidad (OCU – Daftar-e Tahkim-e Vahdat). Otros miembros del Comité Central de la OCU están en libertad bajo fianza, pero se enfrentan a la posibilidad de ser encarcelados en el futuro.
La OCU es una organización de estudiantes de ámbito nacional que ha desempeñado un destacado papel en las demandas de reforma política y mayor respeto para los derechos humanos de los últimos años. Desde las disputadas elecciones presidenciales de 2009, que desencadenaron un periodo de intensa represión por parte de las autoridades iraníes, a muchos de los miembros de la OCU en todo el país, incluidos los miembros de su Comité Central, se les ha prohibido cursar estudios, temporal o permanentemente, han sido detenidos y en algunos casos, encarcelados. Algunos han sido torturados o sometidos a otros malos tratos.
A los estudiantes a quienes se les ha prohibido cursar estudios por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión se les ha privado de su derecho a la educación, garantizado por el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que Irán es Estado Parte.
La OCU fue declarada ilegal por el Ministerio de Ciencia, Investigación y Tecnología a comienzos de 2009. Amnistía Internacional insta también a las autoridades iraníes a que permitan a esta organización de estudiantes continuar con sus actividades pacíficas y a que defiendan y respeten plenamente los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión.
Desde las elecciones se ha producido también una injerencia en la docencia universitaria por parte de las autoridades, que han emprendido una depuración dirigida especialmente hacia las ciencias sociales, y han despedido u obligado a retirarse –y en algunos casos incluso han detenido– a personal universitario de todo el país, al parecer por sus opiniones políticas u otras convicciones profundas. Esta injerencia y este hostigamiento de los docentes constituyen también una vulneración de las obligaciones de Irán en virtud del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha aclarado en su Observación general sobre el artículo 13 que el derecho a la educación sólo puede disfrutarse si va acompañado por la libertad de cátedra del personal docente, que a su vez exige la autonomía de las instituciones de enseñanza superior. En concreto, el Comité señaló:
“Los miembros de la comunidad académica son libres, individual o colectivamente, de buscar, desarrollar y transmitir el conocimiento y las ideas mediante la investigación, la docencia, el estudio, el debate, la documentación, la producción, la creación o los escritos. La libertad académica comprende la libertad del individuo para expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabaja, para desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o cualquier otra institución, de participar en organismos académicos profesionales o representativos y de disfrutar de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente que se apliquen a los demás habitantes del mismo territorio.“
Los miembros del Comité Central de la OCU que están encarcelados son: Behareh Hedayat, de unos 29 años, que en los últimos años ha desarrollado una intensa actividad de denuncia de las violaciones de derechos humanos y petición de reformas políticas, cumple pena de nueve años y medio de cárcel en la prisión de Evin. Behareh Hedayat también es presidenta de la Comisión de Mujeres de la OCU. Hedayat fue detenida el 31 de diciembre de 2009, poco después de las detenciones en masa que siguieron a las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar en la festividad religiosa de la Ashura. A comienzos de ese mismo mes de diciembre, la grabación en vídeo de su intervención en una conferencia celebrada en Países Bajos, titulada “Solidaridad internacional con el movimiento estudiantil iraní con ocasión del Día de los Estudiantes en Irán” había tenido gran difusión en Internet.
Hedayat fue acusada de varios “delitos”, como “conceder entrevistas a medios de comunicación extranjeros”, “insultar al líder”, “insultar al presidente”, “perturbar el orden público participando en reuniones ilegales” y “entrar ilegalmente y causar destrozos en la entrada principal de la Universidad Amir Kabir durante la visita de Mehdi Karroubi (candidato presidencial derrotado) a la universidad”.
En mayo de 2010, Behareh Hedayat fue condenada a seis meses de cárcel por “insultar al presidente”, dos años por “insultar al líder” y cinco años por “actuar contra la seguridad nacional”. Se le aplicó también la condena condicional de dos años que se le había impuesto anteriormente por participar en la manifestación de junio de 2006 en la que se pedía que se acabara la discriminación contra las mujeres en la ley. En julio de 2010 su condena de nueve años y medio fue confirmada. A comienzos de septiembre de 2010, Behareh Hedayat compareció ante la sala 1053 del Tribunal General por un nuevo cargo de “perturbación del orden público” en relación con la reunión pacífica de familias y simpatizantes de presos políticos ante la cárcel de Evin para celebrar el Año Nuevo iraní, en marzo de 2009. Si es declarada culpable, podría ser condenada a un año de cárcel y 74 latigazos.
Milad Asadi, de 23 años, es estudiante de ingeniería eléctrica en la Universidad Jayeh Nasir y destacado miembro de la OCU. Fue detenido poco después de las manifestaciones multitudinarias convocadas contra el gobierno en diversas universidades el 7 de diciembre, Día de los Estudiantes en Irán, en el que se conmemora el aniversario del homicidio de tres estudiantes en 1953 a manos de la policía. En mayo de 2010 fue condenado a siete años de cárcel, y la condena se confirmó en apelación en julio de 2010. Al igual que Bahareh Hedayat, a comienzos de septiembre de 2010 compareció ante la sala 1053 del Tribunal General para responder de un nuevo cargo de “perturbación del orden público” en relación con la reunión pacífica de familias y simpatizantes de presos políticos ante la cárcel de Evin para celebrar el Año Nuevo iraní, en marzo de 2009.
Otros miembros de la OCU víctimas de represión son Mehdi Arabshahi, secretario de la organización detenido el 27 de diciembre de 2009 –día de la celebración religiosa de la Ashura– durante las manifestaciones multitudinarias contra el gobierno. Mehdi Arabshahi sufrió un ataque al corazón bajo custodia, probablemente a consecuencia de la tortura u otros malos tratos, y quedó en libertad bajo fianza el 11 de marzo, pero aún está en espera de juicio. Desde que fue liberado ha necesitado tratamiento hospitalario para sus dolencias cardiacas.
Morteza Samyari, de 24 años, otro miembro del Comité Central de la OCU detenido el 4 de enero de 2010, también está actualmente en libertad bajo fianza hasta que se vea su recurso contra su sentencia condenatoria y su pena, impuesta tras un “juicio espectáculo” multitudinario celebrado el 30 de enero de 2010, en el que 16 personas fueron acusadas de participar en la organización de las protestas de la festividad de la Ashura. Samyari fue condenado el 18 de febrero de 2010 a un año de cárcel por propaganda contra el sistema y a cinco más por “reunirse y actuar en connivencia a fin de llevar a cabo actos contra la seguridad del Estado”, al parecer en relación con una reunión propuesta con representantes de la UE que nunca tuvo lugar. Samyari quedó en libertad tras pagar una fianza de 500 millones de riales (unos 500.000 dólares estadounidenses) en febrero de 2010, y 100 millones de riales más (unos 100.000 dólares estadounidenses) como garantía.
Amnistía Internacional pide asimismo la libertad inmediata e incondicional del dirigente estudiantil Majid Tavakkoli, miembro de la Asociación de Estudiantes Islámicos de la Universidad Amir Kabir de Teherán, donde estudiaba construcción naval. Majid Tavakkoli fue detenido en el exterior de la Universidad Amir Kabir el 7 de diciembre de 2010 tras pronunciar un discurso en una de las manifestaciones estudiantiles que se convocaron ese día en todo el país. Su abogado no pudo asistir a su juicio, que se celebró en enero de 2010 y en el cual Majid Tavakkoli fue condenado a ocho años y medio de cárcel. También se le prohibió participar durante cinco años en actividades políticas de ningún tipo y salir del país. Su sentencia condenatoria y su pena fueron confirmadas en apelación en septiembre de 2010.
